Una de las interpretaciones expresa que el Juzgado que entiende en la causa, “sucumbió” a la capacidad económica de Insfrán. Sin embargo, desde el ámbito judicial se lanza, de forma extraoficial, que el trasfondo del polémico permiso se explica por el lado de un presunto acuerdo al que se arribó con el detenido, cabecilla de la banda narco atacada por el operativo A Ultranza Paraguay.
El acuerdo del que se habla, menciona que Infrán estaría dispuesto a “cantar” detalles de la organización criminal, así como las conexiones de personas, paraguayas y extranjeras, que están implicadas en el negocio ilícito del narcotráfico.
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En ámbito del Poder Judicial sostienen que la decisión de la jueza Montanía se encuadra dentro de lo que se aplica habitualmente a la delación premiada, que tiene estatus de ley en varios países de la región, no así en el nuestro.
Sin embargo, la ausencia de un órgano legal que habilite negociación con criminales, por delaciones sobre crímenes y organizaciones mafiosas, no sería ya obstáculo, en la práctica, para que las autoridades judiciales apliquen esa herramienta.
Desde ámbitos de la Fiscalía y de magistrados, surgieron referentes que enfatizan la necesidad de motorizar, en el nuevo parlamento surgido tras las elecciones del 30 de abril, una ley que permita la delación como figura preventiva y represiva contra el crimen organizado.
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