Desde el Palacio de Gobierno, Barchini respondió a las preguntas sobre las tobilleras electrónicas, cuya ley está pendiente de reglamentación.
“No es un problema de presupuesto, sino de responsabilidad de quién va a ejercer el control. Se hace con uso de tecnología georeferencial, donde esa persona no puede salir de esa georeferencia. Al violar un metro de la georeferencia recibe la víctima o supuesta futura víctima una alerta en su teléfono, que hace que el servicio de seguridad del estado pueda intervenir en forma inmediata advertir que esa persona salió del lugar”, detalló Barchini.
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Consideró que, el hecho de que los procesados esperen en sus domicilios, abarata los costos de mantenimiento en las penitenciarías.
Según el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, se discute la posibilidad de alquilar los dispositivos en vez de adquirirlos, tomando en cuenta que el presupuesto de este año es muy limitado.
Un grupo se encargará de controlar el correcto funcionamiento del sistema y de reportar de manera inmediata ante la alarma.
“Se está planificando crear una unidad que se dedique exclusivamente a la atención de las tobilleras. No va a ser 911, es una unidad aparte, no debe mezclarse entre 911 y tobilleras, porque 911 tiene demasiada carga de trabajo y eso podría hacer que no resulten efectivas las tobilleras”, detalló.
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