La población económicamente activa está en el orden de 3.400.000, de los que el 63 % son del segmento informal. Esto en lo que se denomina la franja de ocupación informal no agropecuaria.

De los trabajadores de ese listado de informalidad, se estima que el 40 % perciben sueldos por debajo del salario mínimo.

Los asalariados que reciben el mínimo legal, suman 300 mil, los cuales con el anuncio gubernamental reciente, accederán a un incremento de 130 mil guaranies.

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Las reacciones respecto al ajuste de sueldo decretado por el gobierno son discrepantes. Unos apuntan que en la realidad, el incremento responde a productos ya impactados por la inflación, y que el ajuste hará que aumenten los costoso lo cual no implicará avance alguno para mejorar la capacidad de consumo de los trabajadores. Agregan que los que no reciben el mínimo, así como los que ganan un poco más de ese nivel, sufrirán los impactos del efecto dominó de cada ajuste, sobre productos de la canasta familiar.

Los defensores del sistema de aumento salarial vigente, en tanto, afirman que es necesario sostenerlo, en razón de que es el regulador legal para evitar excesos en núcleos productivos, en detrimento de los trabajadores.

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