La dupla presidencial por la Concertación, Efraín Alegre y Soledad Núñez, presentó la propuesta “Vivir sin Miedo” para luchar contra la criminalidad e inseguridad. Sin embargo, llamó poderosamente la atención que el experto elegido en materia de seguridad sea el exministro del Interior, Rafael Filizzola, quien cuenta con un rosario de irregularidades durante su paso en la función pública.
Durante años, Filizzola boicoteó a la justicia mediante chicanas para evitar que avancen los casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjuicio de G. 51.200 millones al Estado.
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Según los antecedentes, en la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que llevaron adelante las investigaciones.
La causa abierta a Filizzola se relaciona con la compra de cuatro helicópteros para la Policía Nacional al costo de G. 50.062.368.788, que resultaron ser inservibles. El proceso se inició en 2010 durante la gestión de Rafael Filizzola y terminó en 2012.
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COMISARÍAS DE ORO
Por otro lado, en el caso conocido como las comisarías “de oro”, su defensa presentó en febrero del año pasado un incidente de prescripción del caso, que luego fue rechazado por el Tribunal de Apelación.
El expediente en cuestión refiere denuncias de sobrefacturaciones presuntas en el proceso de refacción de comisarías del país, en tiempos en que Filizzola se desempeñaba como ministro del Interior.
El monto en que Filizzola perjudicó presuntamente al Estado paraguayo -dice la acusación- está en el orden de los 1.200 millones de guaraníes.
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Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.
Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.
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Además, refiere que el exministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.
Durante los años de proceso se fueron presentando varios incidentes para dilatar el caso y en el 2016 Rafael Filizzola presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.
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