Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Senado volvió a estudiar el proyecto que sanciona el desacato de un pedido de informe.

Los legisladores Sergio Godoy, Desirée Masi y otros, expusieron su desacuerdo con el planteamiento, por considerar que se criminaliza una falta administrativa.

El artículo primero establece que, el que incumpliere un pedido de informe remitido por la Cámara de Senadores o la de Diputados, en virtud del artículo 192 de la Constitución Nacional, será castigado con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.

La sanción también incluye a los pedidos que se formulen por las comisiones de ambas cámaras, en virtud del artículo 186 de la Carta Magna.

Además, si el autor cometiera el hecho, incluso ante la reiteración del pedido, la pena será aumentada hasta cinco años de cárcel. También será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

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Posteriormente, la Cámara ante la que se haya incumplido el pedido, informará el hecho a la Fiscalía Penal de Turno para el inicio del procesamiento.

Las modificaciones planteadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales incluyen una sanción menos gravosa.

El que incumpliere en responder un pedido de informe, el Legislativo tendrá dos opciones: la interpelación a la persona o la remisión del caso al Ministerio Público.

“Con esto, no se produce una utilización exagerada del derecho pena, sino que se incluye a una figura idéntica a la prevista”, expresó. Finalmente el proyecto fue aprobado con modificaciones y remitido a la Cámara de Diputados.

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