“Lastimosamente es alto el número de casos en que las propias madres, o padres, obligan a hijos menores a ser explotados sexualmente, es un situación grave”, expresó Sánchez en comunicación con Radio Ñandutí.

Pobreza extrema, adicción de padres a las drogas, son factores que aplastan a la moral familiar, y es un escenario que se va multiplicando, remarcó la representante del Ministerio Público.

El crimen de obligar a niños y adolescentes a ser abusados y explotados, al tener las dos facetas (familiar de la víctima y el que paga para abusar), dificulta en demasía el combate más efectivo, según señalan referentes del Ministerio Público y de entes encargados de velar por derechos de el segmento de menores de edad.

Otro flagelo de explotación, añadió la fiscal Sánchez, es el relacionado a la trata de personas con propósito sexual. Puntualizó que ese crimen tiene zonas en donde se verifican mayor cantidad de denuncias. Citó al respecto los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú, los lugares en los que más captaciones de víctimas se reportan.

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Estas, casi en su totalidad, son llevadas al extranjero, en donde son obligadas a prostituirse, bajo regímenes que, en la práctica, son de esclavitud.

“A pesar de que aumentan los controles, y la cooperación internacional para combatir el problema de la trata, los grupos criminales aplican fórmulas para evadir esos controles”, agregó.

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