El director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Darío Ortega, confirmó que esta mañana se presentó al Juzgado de Primera Instancia; a cargo del magistrado José Guillermo Trovato; una orden para la entrega de lo solicitado.“Está en manos del juez decidir cuál sería la vía para acceder a esos documentos”, detalló.
El artículo 20 de la Carta Orgánica de la CGR, establece que en caso de que el ente auditado no proporcione los documentos requeridos, el juez podrá ordenar el allanamiento para que la Contraloría pueda cumplir con su trabajo.
El plazo para expedirse sobre el pedido de allanamiento es de 24 horas, aunque en ocasiones, por una cuestión de carga laboral o de fuerza mayor, supera ese tiempo.
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El IPS volvió a solicitar una prórroga a la Contraloría, ya que el informe que remitió no contesta a la solicitud de la institución.
“La lista de lo que no se incluyó es bastante larga, cosas como: a quién se le pagó, cuánto se pagó, por qué se pagó, quién tomó la decisión, etc.”, comentó el director, en conversación con radio Universo-Nación Media.
A partir de que se tengan los papeles en mano, Contraloría dispondrá de tres a seis meses para completar la auditoría, según lo establece el plazo ordinario.
A través de una ley sancionada con intenso lobby Arnaldo Samaniego y del oficialismo colorado, el IPS está autorizado a contraer préstamos para cubrir una deuda de unos 260 millones de dólares con proveedores. La legislación establece que el pago se hará mediante la quita de hasta el 5 % anual del Fondo de Salud y Maternidad, actualmente deficitario.
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