La resolución judicial intima al Instituto de Previsión Social (IPS) a que en el plazo de 24 horas, que corre a partir de la notificación, remita al Juzgado los documentos e informes requeridos faltantes.
En caso de incumplir con la orden, el Consejo del IPS se expone a un proceso por desacato, donde se establece una pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.
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José Luis Urizar, gerente de administración y finanzas del IPS, ya contestó que el plazo otorgado es imposible y que hasta parece diseñado para que no se cumpla, pese a que en realidad el pedido de la Contraloría data de noviembre pasado.
En conversación con la 730 AM, aseguró que todos los documentos ya fueron remitidos y que también se encuentran en la web. Además, sostuv que no entiende qué es lo que espera la Contraloría.
“La lista de lo que no se incluyó es bastante larga, cosas como: a quién se le pagó, cuánto se pagó, por qué se pagó, quién tomó la decisión, etc.”, explicó ayer el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Darío Ortega.
A través de una ley sancionada con intenso lobby Arnaldo Samaniego y del oficialismo colorado, el IPS está autorizado a contraer préstamos para cubrir una deuda de unos 260 millones de dólares con proveedores. La legislación establece que el pago se hará mediante la quita de hasta el 5 % anual del Fondo de Salud y Maternidad, actualmente deficitario.
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Lo que la Contraloría solicita es la documentación sobre las líneas de crédito obtenidas hasta el momento y acerca de la deuda acumulada con las farmacéuticas , además de lo que se abonó hasta el momento.