El Tribunal de Sentencia retomó esta mañana el juzgamiento a Miguel Prieto, acusado por presunta lesión de confianza y asociación criminal. La Fiscalía exhibe los documentos que salpican a la firma Tía Chela y a otras proveedoras intermediarias como Vanemi SA.
La audiencia quedó suspendida la semana pasada tras la descompensación del propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos. La defensa del procesado se comprometió a entregar hoy los certificados médicos para justificar la ausencia del imputado.
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Según la acusación fiscal, la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó en marzo de 2020 un contrato de Gs. 2.949.650.000 para la entrega de 25.000 kits de alimentos a familias vulnerables. El ente comunal desembolsó el dinero en dos pagos entre abril y julio de ese año. La orden de pago violó el pliego de bases, que exigía la entrega total del producto antes de la liberación de los fondos.
Informes de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) confirman que la empresa entregó mercaderías por solo Gs. 819.613.840. Este esquema dejó un perjuicio real de Gs. 2.130.036.160 a las arcas municipales.
El fiscal Silvio Corbeta expuso facturas emitidas en 2020 con inconsistencias en las fechas y detalles de los insumos. Además, la representación fiscal sostiene que la firma adjudicada carecía de la capacidad logística y de la infraestructura necesaria para cumplir con un contrato de semejante volumen. Por su parte, la defensa insiste en que las entregas de insumos se completaron al cien por ciento y ofreció la declaración de los empresarios del rubro.
El juzgamiento a Prieto sigue a cargo de las juezas Yolanda Morel, Karina Rodríguez y Ana Rodríguez Brozón.
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